NO A LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA

Por GallegoSoto - 11 de Marzo, 2008, 1:28, Categoría: Salud Pública

Contra lo que es habitual en estas columnas, esta vez compartimos los argumentos de Raquel Blas sobre la Ley de Emergencia Sanitaria que pretende el Ejecutivo provincial. Coincidimos con la gremialista, con la que generalmente discrepamos, porque esta Ley de Emergencia Sanitaria se lleva por delante por lo menos a dos Leyes que han demostrado ser útiles a lo largo de varios años de ponerlas en práctica: la Ley 6015 y la 7099.

Además de los argumentos esgrimidos por Raquel Blas es decir, la posibilidad de grandes negociados por parte del Ministerio de Salud y lo poco democrático de su espíritu, la Ley de Emergencia Sanitaria apunta a blanquear, concretamente, la situación de los dos directores del Hospital Central de Mendoza, Dr. José Ascar y Dr. Alfonso Marzari Céspedes quienes no cumplen los requisitos exigidos por la Ley 6015 para ser designados Directores de ese hospital. Esta situación ha sido oportunamente denunciada a Fiscalía de Estado y, por el momento, la denuncia duerme el sueño de los justos.


Ambos profesionales no cumplen los requisitos académicos de idoneidad exigidos por la ley toda vez que no cuentan con los cursos de administración hospitalaria requeridos previamente a su designación.

A tal punto su nombramiento es irregular que el propio Gobernador se ha preocupado y ocupado de disfrazar la ilegalidad de sus nombramientos mediante un decreto accesorio (en el caso del Dr. Ascar) por el que le permite hacer los cursos durante el año 2.008. En el caso del Dr. Marzari Céspedes, nombrado con posterioridad al Dr. Ascar, la eximición de cumplir con lo exigido por la ley está incluida en el mismo decreto de nombramiento. Toda una "joyita jurídica": un decreto que autoriza a violar la ley vigente. Aunque el Gobernador sea Contador, no puede desconocer que existe una estructura jurídica por la cual una ley no puede ser obviada por decreto y también por esto se desea la Ley de Emergencia Sanitaria.

Actualmente, con la vigencia de las Leyes 6015 y 7099, los hospitales más grandes e importantes de Mendoza son DESCENTRALIZADOS y esto significa que tienen una amplia autonomía para gestionar sus recursos dentro de lo establecido por las leyes vigentes y rindiendo cuenta, obviamente, a los organismos de control estatales (Tribunal de Cuentas y otros).

En la vida de un gran hospital, esta descentralización o autonomía es la que permite, entre otras cuestiones:

  1. Efectuar compras de insumos y equipos con mayor agilidad y en forma más ajustada a las necesidades reales de gestión del hospital.
  2. Conseguir mejores precios entre los proveedores los que, contrariamente a lo que un lego podría creer, venden más barato a los hospitales que al Ministerio de Salud o a la OSEP aunque estos organismos compran mayores cantidades. Posiblemente porque desde los directorios de los hospitales se pone más celo en estas cuestiones que desde la administración central.
  3. Comprar lo que el hospital realmente necesita y no lo que a algún burócrata o corrupto funcionario le parece que puede hacer falta y que luego no se usa porque no se adapta a las necesidades del hospital. Como ejemplo de esta situación, podemos mencionar la compra de un Respirador para el Hospital Central el año pasado desde el Ministerio de Salud cuando el Ministro era el Dr. Calleti. El respirador en cuestión nunca fue aceptado por las anteriores autoridades del Hospital Central porque el costoso equipo no cumplía las especificaciones técnicas pedidas por el Hospital Central pese a lo cual fue comprado por el Ministerio de Salud. En el expediente en cuestión, obran dos opiniones técnicas contundentes: la del Servicio de Bioingeniería del Hospital Central y la de técnicos de la Universidad Tecnológica, filial Mendoza, quienes testearon al equipo y determinaron que no cumplía los requisitos exigidos por el Hospital Central.
  4. Mejorar la gestión en la provisión ininterrumpida de insumos para no afectar la actividad asistencial. Imaginar cuánto se demorará de aprobarse la Emergencia sanitaria entre el pedido de un hospital, su elevación al Ministerio, el llamado a licitación pública por parte de éste, la adjudicación, la provisión de los insumos y su llegada al hospital de destino.

Como dijimos al principio, aunque es infrecuente, coincidimos totalmente con Raquel Blas en que la Ley de Emergencia Sanitaria es absolutamente innecesaria, inadecuada y, en nuestra opinión, es una forma solapada de acumular poder que, como se sabe, es el principio de la discrecionalidad y la corrupción que este gobierno declama querer combatir aunque hace exactamente lo necesario para fomentarla.

 

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